Utilizando el “big data”, y explotando la información de Hacienda, Seguridad Social y SEPE, comprobará la existencia de indicios de fraude, con el objetivo de poder comprobar en 2023 la totalidad de los contratos. Con estas herramientas y actuaciones, la Administración prevé recuperar 1.100 millones de euros de cotizaciones por irregularidades en la temporalidad y la parcialidad, poniendo el foco también sobre la regularización de los falsos autónomos.

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